La economía de los talleres clandestinos: tercerización y estructura de costo.


A partir del incendio del taller de confección de indumentaria ubicado en la calle Luis Viale , en la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido durante el mes de marzo de 2006, quedó expuesta la situación de los denominados talleres clandestinos. Se estima que en la Ciudad de Buenos Aires existen al menos unos 5.000 talleres clandestinos, en los que trabajan unos 30.000 costureros . La situación que caracteriza a estos talleres es la de una extrema vulnerabilidad de los trabajadores, explotación de inmigrantes indocumentados, jornadas de trabajo extensísimas, bajos salarios, hacinamiento, ausencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene, niños y niñas encerrados en pequeñas habitaciones con el fin de no obstaculizar la producción y hasta la trata y tráfico de personas. Todas estas condiciones se resumieron en una definición: trabajo esclavo.

Efectivamente, en la Argentina contemporánea, a más de 150 años de que los constituyentes redactaron el artículo 15 de la Carta Magna que establece: " en la Nación Argentina no hay esclavos ", formas de neo esclavitud salieron a luz a partir de la tragedia de Luis Viale . La gravedad de la situación requiere entender sus causas y para ello no alcanza con respuestas superficiales vinculadas a la inacción del Estado, la falta de escrúpulos de los empresarios o a la incapacidad de las entidades sindicales. Requiere un análisis profundo de las raíces del problema y, en tal sentido, las mismas se encuentran en dos elementos, que en realidad son uno: la tercerización de la producción y la estructura de costos.

Talleres ClandestinosLa tercerización en talleres clandestinos permite a los fabricantes: 1) abaratar costos: los salarios pagados en talleres clandestinos son más bajos que los pagados en el sector formal de la industria a la vez que no se pagan cargas sociales ni indemnizaciones, por lo tanto tercerizar es más conveniente que contratar trabajadores por cuenta propia; 2) licuar responsabilidades legales: al tercerizar la producción se busca desligar de las responsabilidades legales que derivan de la contratación de la mano de obra, así como de las consecuencias penales que pudieran surgir y; 3) transferir el riesgo empresario: los fabricantes adoptan como estrategia esquemas de producción flexibles, es decir, ante cambios en la demanda se pueden adaptar sin pagar costos laborales. De esta forma, evitan inconvenientes relacionados con los despidos y las cesantías de sus empleados.

Todo ello deriva en una estructura de costos en la que por cada $100 (cien pesos) que se consumen en prendas de vestir, el trabajador que la confecciona sólo recibe $1,80 (un peso con ochenta centavos) . Efectivamente, gracias a investigaciones propias realizadas a partir de encuestas a diferentes fabricantes, dueños de talleres y trabajadores hemos realizado un modelo representativo que permite analizar de qué manera se reparte el ingreso a lo largo de la cadena de valor. En este punto conviene aclarar que se ha recavado información de distribución del ingreso de diferentes tipos de prendas, elaboradas con distintas telas y de calidad muy variable. A los efectos de esta nota, se considera suficiente presentar una síntesis de la información recavada, a partir de integrar todos los datos obtenidos en una sola categoría que podría ser denominada "prenda representativa". Al ser una construcción ideal es posible que existan desvíos, sobre todo en los valores de la materia prima, sin embargo, en ningún caso se ha encontrado una diferencia suficientemente significativa que invalide la estructura de costos que se presentará a continuación.

Para la elaboración de la cadena de valor hemos supuesto 5 actores en la cadena: 1) el trabajador; 2) el dueño del taller o tallerista que organiza la producción al interior del mismo; 3) el intermediario que adquiere las prendas, las corta, descentraliza los cortes en distintos talleres para su confección, centraliza la prendas terminadas y la comercializa con la marca; 4) la marca que realiza el diseño y la publicidad, adquiere la prenda del intermediario y la vende a los comercios; y 5) el comercio que realiza la venta al público. Es importante aclarar que comúnmente se da el caso en el que un mismo actor ocupe el rol de varios, es decir, existen marcas que se ocupan ellas mismas de la relación con los talleres y de la comercialización, concentrando 3 de las 5 actividades.

Una "prenda representativa" que se comercializa a $100 tiene un costo de producción de $19,50 (diecinueve pesos con cincuenta centavos), los que corresponden $1,80 (un peso con ochenta centavos) al/los trabajador/es, $1,30 (un peso con treinta centavos) para el dueño del taller clandestino, lo que incluye los costos de operación y su ganancia, las materias primas tienen un costo aproximado de $11 (once pesos), y $5,40 (cinco pesos con cuarenta centavos) corresponde al intermediario.

De esta manera, la marca adquiere a $19,50 (diecinueve pesos con cincuenta centavos) la prenda finalizada y la vende al comercio a $39 (treinta nueve pesos) y, a su vez, éste la vende al público a $78 (pesos setenta y ocho) más impuestos (IVA e ingresos brutos), es decir, a $100 (cien pesos) finales.

El trabajo esclavo aparece con toda su crueldad en los talleres clandestinos, es ahí donde se dan las violaciones a todas las leyes laborales imaginables e incluso se llega, en algunos casos, al extremo de que los trabajadores se encuentren reducidos a la servidumbre. Sin embargo, no son los dueños de los talleres los que se benefician en mayor medida por esa explotación que ejercen, sino que son otros los que obtienen los mayores beneficios de esa situación. Como se desprende del análisis anterior, esta transferencia del trabajador hacia los eslabones superiores de la cadena se da a través del sistema de precios. Esto es posible por la asimetría existente entre los actores de la cadena.

Particularmente entre los talleristas y los intermediarios y/o fabricantes, éstos, al imponerle los precios a los talleristas, condenan al trabajador a una situación de extrema precariedad. En este punto es importante destacar que a pesar de que muchas veces la relación entre el tallerista y el intermediario y/o fabricante (es decir con sus dadores de trabajo) asume la forma de una relación comercial, es en realidad una relación laboral, relación que se encuentra regulada por la Ley 12.713 de trabajo a domicilio. Esta Ley establece claramente el doble carácter del tallerista, éste es empleado de su dador de trabajo y patrono de sus trabajadores. Adicionalmente, la Ley 12.713 establece la solidaridad en toda la cadena de valor.

Como en toda relación laboral, la tarifa del trabajo está regulada y se define en negociaciones colectivas. El problema es que dicha tarifa no se cumple en los talleres clandestinos, ya que dada su condición de ilegal se encuentran ocultos de la vigilancia estatal y sindical. Es importante tener esto en cuenta porque desde distintos sectores se vienen propiciando modificaciones a la ley mencionada, con el objetivo de convertir la relación entre el tallerista y el dador de trabajo en una relación estrictamente comercial. De esta manera, si prosperaran los intentos de modificación de la Ley, sucedería que las sanciones se aplicarían exclusivamente sobre los talleristas y no sobre los eslabones superiores de la cadena, que son quienes se benefician en mayor medida de esa situación y son, en definitiva, quienes la fomentan a partir de la imposición de una estructura de costos.

Esto es fundamental porque, al contrario de lo que comúnmente se argumenta, la problemática del trabajo esclavo no está estrictamente vinculada a la producción de prendas para su comercialización en ferias irregulares y/o ilegales, sino que afecta al conjunto de la industria y numerosas marcas han sido denunciadas públicamente y ante la justicia federal por organizaciones sociales (como La Alameda), por el Gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo, por estar involucradas en la contratación de talleres clandestinos.

Un cambio en la situación de los trabajadores de la industria es necesario, es urgente. Para ello es imprescindible un cambio de actitud de los actores más poderosos de la cadena y que éstos adopten una actitud de responsabilidad social (en tal sentido, el Programa de Responsabilidad Social Compartida del INTI es una excelente iniciativa), en vez de buscar gambetas legales proponiendo la modificación de las leyes que protegen a los trabajadores.

También es necesario un involucramiento mayor de todas las instituciones estatales que tienen ingerencia en el tema. Sólo con un cambio en la actitud de los actores involucrados y con políticas pro activas inteligentes y coordinadas se podrá poner fin a la extrema precariedad de los trabajadores, y se podrá cumplir con la voluntad de aquellos constituyentes que hace 150 años sentenciaron "en la Nación Argentina no hay esclavos".

*Licenciado en Economía; ex Subsecretario de Trabajo del GCBA; miembro actual de la Fundación La Alameda.

Fuente: SABER COMO INTI

Contacto: ariel_lumc@hotmail.com

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